13 Abr 2021

Revés para el gobierno de Junín en la Justicia por plus en estaciones de Servicio

El canon en cuestión fue impulsado por el gobierno de Mario Meoni y aprobado por el Concejo Deliberante el 5 de diciembre pasado. La norma que lo creó prevé el cobro de 12 centavos extra por cada litro de combustible que se cargue en las estaciones juninenses

Junin Democracia 31La Justicia de Junín dictaminó en favor de estaciones de servicio de ese distrito que se oponían a la creación de un plus para la realización de obras de repavimentación urbana.

Así lo señala la tapa del diario Democracia en su edición de este 31 de diciembre.

En el reconocido medio juninense también se da cuenta que el municipio alertó sobre complicaciones presupuestarias al no contar con esa herramienta de recaudación.

En su página web, Democracia describe lo siguiente: combustible no empezará a cobrarse mañana en todas las estaciones de servicio de Junín.
Un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo esta ciudad, Juan Bazzani, hizo lugar a la medida cautelar que presentaron varias expendedoras locales para que se suspenda la aplicación del canon hasta tanto haya un dictamen definitivo por parte de la Corte Suprema de Justicia.
En realidad, el magistrado se expidió de la misma manera que lo había hecho ante un planteo similar presentado por cinco concejales kirchneristas –a quienes había eximido de abonar el tributo-sólo que en este caso su decisión tiene más peso porque son los propios comercios del rubro, representados por sus dueños, los que aludieron un perjuicio y exigieron que se los libere de aplicar el gravamen.
Darío De Ciervo, uno de los abogados que patrocinó a los estacioneros para llevarle esta inquietud a la Justicia, dijo que la solicitud fue firmada por los empresarios que trabajan para las diferentes empresas petroleras, salvo los de YPF, que necesitaban una autorización del gobierno nacional.
“Incluso, tuvimos el aval de la presidenta de la Federación de Expendedores de Combustible de la República Argentina, Rosario Sica, que acompañó la preocupación manifestada por los estacioneros al sentirse damnificados por la tasa”, le dijo De Ciervo a Democracia.
El canon en cuestión fue impulsado por el gobierno de Mario Meoni y aprobado por el Concejo Deliberante el 5 de diciembre pasado. La norma que lo creó prevé el cobro de 12 centavos extra por cada litro de combustible que se cargue en las estaciones juninenses, con el fin de recaudar fondos para solventar obras de repavimentación.
Pero ahora, ese tributo quedó sin efecto al menos por un tiempo, hasta que la Corte emita una sentencia sobre la cuestión de fondo, es decir, la inconstitucionalidad o no de la contribución.

“La tasa no pasa ningún test de constitucionalidad»

De Ciervo consideró que la polémica tasa genera una desigualdad con las estaciones de servicio de los municipios vecinos, a las cuales iban a ir a cargar los productores agropecuarios y todos los consumidores de grandes cargas en caso de que se aplicara la norma, porque la diferencia de precios “iba a ser notable”.
“Claramente, esto es un impuesto maquillado con otros nombres, como se hizo en otros distritos. Creo que hay una operación política detrás de esto que tiene que ver con obtener una mayor disponibilidad de dinero para la campaña de algún candidato.
Esta forma de gravar la actividad no resiste ningún test de constitucionalidad”, opinó el letrado.
Según su punto de vista, en la iniciativa del Municipio conviven varias infracciones. “Una de ellas es la superposición con ley de coparticipación, el derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, a lo que se suma el problema de competencia desleal”, describió.
Dicho eso, agregó que “hay un grupo de productores que posiblemente absorban el sobreprecio porque tienen confianza con el expendedor y porque a lo mejor tienen cuenta corriente y no quieren cambiar, pero otros van a ir en busca de un mejor precio”.
De Ciervo aclaró que técnicamente se le pidió a Bazzani “una declaración de certeza”. Al respecto, explicó: “Como no está en marcha, se le ha dado ese formato porque el perjuicio es potencial. Teniendo en cuenta que la intención del gobierno local era arrancar el 1º de enero, lo esperable era que se pudiera hacer un escudo jurídico desde antes de esa fecha. Hubiese sido nocivo no solo desde el punto de vista económico sino de la interpretación de normas. Además de eso, el peligro de una evolución de la tasa, ya que en otros distritos ya se está cobrando el cuatro por ciento de la carga que realiza el cliente. Se le daría un cheque en blanco a gobiernos locales, que a mi entender cuentan con otros mecanismos para juntar fondos si es que están con problemas”.