27 Sep 2021

Prohibirían que familiares de funcionarios sean nombrados para cargos en la misma jurisdicción de desempeño

Se presentó el proyecto de ‘Ética y Transparencia para el ejercicio de la función pública’ de parte del bloque de diputados del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires

Diputados Arata, Bonelli y Britos (Frente Renovador)
Diputados Arata, Bonelli y Britos (Frente Renovador)
El diputado del bloque Frente Renovador, Lisandro Bonelli, presentó el proyecto de ‘Ética y Transparencia para el ejercicio de la función pública’ que prohíbe que familiares de funcionarios sean nombrados para cargos en la misma jurisdicción de desempeño.

La presentación se hizo en la Cámara de Diputados junto a sus pares de bloque, el chivilcoyano Fabio Britos y la juninense Valeria Arata.

“Estamos planteando que aquellas personas que están en la función pública no van a poder nombrar a familiares en planta permanente o transitoria, porque después termina el mandato o el trabajo de ese funcionario, y deja a toda su familia dentro del sistema y con esta norma buscamos evitar estas cosas”, explicó.

Bonelli añadió: “Aquellos familiares que entran a la administración pública, en cualquiera de los estados del poder público, a través de un concurso o de mecanismos legales, lo van a poder hacer en forma normal. Pero también se pueden nombrar cargos políticos, que se irán con el funcionario cuando termine el mandato”.

Diputado Bonelli (Frente Renovador-2da Sección Electoral Buenos Aires)
Diputado Bonelli (Frente Renovador-2da Sección Electoral Buenos Aires)

La iniciativa dispone además que ninguna persona “podrá desempeñarse en más de un empleo, cargo o función pública remunerada, cualquiera sea su categoría o característica, dentro del ámbito de cualquier administración estatal provincial o municipal”, a excepción del cargo docente.

En caso de aprobarse esta Ley, funcionarios de diferentes rangos deberán presentar sus declaraciones juradas -medida ya dispuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal- alcanzando además a todos los estamentos del Estado provincial, incluyendo legisladores y trabajadores de la justicia.

“La lucha contra la corrupción nos compete a todos. Una ley no resolverá la problemática, pero es un primer paso que brindará reglas de juego claras y herramientas para prevenir y sancionar a aquellas personas que con su actuar desprestigian al Estado o pervierten su finalidad de beneficio social general para aventajar intereses mezquinos y particulares”, aseveró el diputado de San Nicolás.

Además, la norma crea un Tribunal Social de Responsabilidad Política, órgano independiente de los poderes estatales que actuará con autonomía funcional y estará especializado en ética pública y transparencia en el ejercicio de la función pública.