Pensiones por vejez e invalidez: el decreto del peronismo, durante la gestión de Menem, que intentó implementar Macri

La medida del Gobierno generó un fuerte debate político sobre la función y la viabilidad económica de todo el sistema de pensiones, pero también desde la Iglesia cuestionaron la situación en la que quedaron muchos beneficiarios y el criterio con el que se decidió aplicar el decreto de 1997. “Querer aplicar hoy un decreto que responde a otra época del país es un grave error porque es olvidar lo que sucedió en el 2001 y la pobreza estructural de años, así como no se puede desde dicha normativa cuestionar el criterio que un gobierno usó para reconocer el derecho a esa pensión a personas con una discapacidad y no ya con una invalidez laboral y con una situación socioeconómica vulnerable”, dijo el responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

El decreto 432/97 especifica cuáles son las condiciones para acceder al otorgamiento de pensiones por vejez y por invalidez. Su aplicación podría afectar a un millón y medio de personas.

Según el texto:

• Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en la capacidad laborativa una disminución del 76 % o más.

• Este requisito debe probarse con una certificación expedida por servicio médico de establecimiento sanitario oficial, en el que deberá indicarse la clase y grado de incapacidad. Dicha certificación podrá ser revisada y actualizada toda vez que la autoridad de aplicación lo crea conveniente.

• En el caso de pensión a la vejez, el beneficiario debe tener setenta o mas años.

• En el caso de pensión por invalidez, quien la reciba debe encontrarse incapacitado en forma total y permanente.

• Los extranjeros deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de 20 años.

• Ni el beneficiario ni el conyuge podrán ser titulares en otro régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna.

• No podrán tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo.

• No deberán tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia. Este último criterio, explican los especialistas, es el que genera mayor amplitud para la intrerpretación del decreto, en un contexto económico signado por la variación de precios y muchas paritarias sin cerrar.

La medida del Gobierno generó un fuerte debate político sobre la función y la viabilidad económica de todo el sistema de pensiones, pero también desde la Iglesia cuestionaron la situación en la que quedaron muchos beneficiarios y el criterio con el que se decidió aplicar el decreto de 1997.

El responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires, el sacerdote Pablo Molero, sostuvo en diálogo con Télam que “es necesario restituir inmediatamente” las pensiones no contributivas por discapacidad que fueron suspendidas por el Ministerio de Desarrollo Social ya que esos beneficios “han generado la posibilidad de vida digna y desarrollo a mucha gente”.

“Querer aplicar hoy un decreto que responde a otra época del país es un grave error porque es olvidar lo que sucedió en el 2001 y la pobreza estructural de años, así como no se puede desde dicha normativa cuestionar el criterio que un gobierno usó para reconocer el derecho a esa pensión a personas con una discapacidad y no ya con una invalidez laboral y con una situación socioeconómica vulnerable”, dijo el sacerdote.

“Nuestro país cuenta con familias que no pueden dar respuesta a las necesidades de sus miembros. Si lo tuvieran que hacer solamente con sus ingresos tendrían que decidir si comer o atender al miembro con discapacidad”, advirtió Molero.

“Estas pensiones han generado posibilidad de vida digna y desarrollo a mucha gente, que de otra manera no lo tendría, y ya no estarían algunos entre nosotros”, concluyó.