24 May 2019

Los pobres nos pagan la Universidad (2da. y última parte)

Por Rolando Citarella. esto de estudiar “cualquier cosa” o carreras que la economía del país no demanda, tiene una implicancia más grave. Porque, ¿cuáles son las alternativas para un profesional recibido que no consigue trabajo?: a) Emigrar a otro país; b) Trabajar en cualquier otra cosa que no tenga que ver con el título obtenido; c) Conseguir, mediante el lobby de sus respectivos colegios profesionales, legislación regulatoria que impone a la sociedad, la intervención obligatoria de esas profesiones en determinados trámites; y d) Presionar hasta que se consigue entrar en algún organismo del estado, en muchos casos, a desarrollar tareas de escasa o nula productividad. Debe aclararse que no estoy subestimando la calidad de los títulos obtenidos

Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de La Plata

En una nota anterior (13/06/17), planteaba que el peculiar sistema universitario argentino, único en el mundo, y caracterizado por ser público, libre y gratuito, constituye un despropósito, ya que en los hechos, es un subsidio de los que mayormente no estudian (clase baja), hacia las clases que usan la universidad (clases media y alta). O sea, un subsidio de abajo hacia arriba, lo cual es inaceptable.

Pero no es sólo eso lo perverso del sistema. Hay otros inconvenientes derivados de esas características, que resultan tan graves o peores que aquel.

Uno de ellos, es que se estudia cualquier cosa. No dicho esto peyorativamente, sino en referencia a que no se estudian las carreras que demanda la economía del país, sino que se estudia lo que se quiere. Diferente sería el caso si la familia, para poder pagar la matrícula mensual, tuviera que ahorrar durante mucho tiempo y/o endeudarse, tal como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. En tal caso, seguramente el interesado y su familia, analizarían más profundamente qué estudiar, no sólo teniendo en cuenta gustos y vocación, sino pensando también en que el título buscado, tendrá que generar en el futuro, ingresos que compensen el ahorro y/o pagar el crédito.

Además, esto de estudiar “cualquier cosa” o carreras que la economía del país no demanda, tiene una implicancia más grave. Porque, ¿cuáles son las alternativas para un profesional recibido que no consigue trabajo?: a) Emigrar a otro país; b) Trabajar en cualquier otra cosa que no tenga que ver con el título obtenido; c) Conseguir, mediante el lobby de sus respectivos colegios profesionales, legislación regulatoria que impone a la sociedad, la intervención obligatoria de esas profesiones en determinados trámites; y d) Presionar hasta que se consigue entrar en algún organismo del estado, en muchos casos, a desarrollar tareas de escasa o nula productividad. Debe aclararse que no estoy subestimando la calidad de los títulos obtenidos.

Por el contrario, me refiero a personas que se han cargado de conocimientos o productividad potencial, y en muchos casos de alto nivel, pero que esa potencialidad finalmente no se cristaliza en producción o beneficios concretos para la sociedad, acordes a esa capacitación.

Entonces, las cuatro alternativas mencionadas implican haber dilapidado recursos en capacitar personas que después no pueden volcar la misma en productos y servicios reales, porque como se dijo, el sistema no las demanda. Pero claro, el grueso de los recursos dilapidados no los puso el estudiante y su familia, sino la sociedad en su conjunto, pobres incluidos.

Pero hay un problema mayor aún: La dos primeras alternativas “sólo” le costaron a la sociedad los recursos que se pusieron en la universidad (y que además se perdieron). O sea, sería un despilfarro por única vez. Pero las otras dos son más graves para la sociedad, ya que deberá cargar en forma permanente con: 1) el costo de esas regulaciones que protegen determinadas profesiones (y que no existen en otras partes del mundo); y 2) el desempleo disfrazado en el estado, también caro. En ambos casos, la carga de esa mochila de plomo no será por única vez, sino de por vida, y “hasta que muera la viuda”.

Otro de los problemas que tiene el sistema, es que al ser gratuito para los que concurren a la universidad, prácticamente no existe castigo para el que no aprueba nada o aprueba pocas materias. Es como que en lugar de ir convencido y obligado a estudiar, vamos a ver qué pasa. Y así pasa, que del total de estudiantes de las 40 universidades nacionales que existen en el país, el 44 % no aprueba más de una materia por año, y el 30% no aprueba ninguna (estudio de Alieto Guadagni del C.E.E.A. de la Universidad de Belgrano, Año 2011).

Lógicamente, ese pésimo rendimiento implica un muy bajo porcentaje de graduados, lo cual significa un gran costo, con escasos o nulos beneficios. En ese mismo estudio, se concluye que el costo promedio por graduado, para la totalidad de las universidades públicas nacionales, es de u$s 64.633.-, y en alguna de ellas, seguramente con más profesores que alumnos, el mismo supera los u$s 400.000.- En virtud de esto, el académico Martín Krause afirma en una nota suya del año 2014: “Un egresado de una universidad pública, cuesta más que en la privada más cara” (Libertad y Progreso).

Las razones aquí descritas, creo que son por demás objetivas, e indican que el financiamiento de la universidad pública en Argentina, requiere profundos cambios. Puede pensarse que hay otras prioridades en términos de corregir problemas en el país. Yo creo que no es así. La pobreza afectando al 30% de la población, y un déficit fiscal rondando el 10% del PBI, sin duda constituyen dos de los graves problemas que más nos afectan. Y en ambos, tiene mucho que ver nuestro injusto e ineficiente sistema universitario.