28 marzo, 2024

La opinión de empresarios Pymes sobre la anunciada intervención de la empresa Vicentín

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El secretario de Organización de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alberto Kahale, indicó a Télam que “la decisión hay que respetarla pero no estoy de acuerdo en hacerlo en estos momentos” y afirmó que “el Estado puede salir a ayudar de distintas maneras”.

“Expropiar es una palabra dura”, señaló Kahale, aunque advirtió que “es raro que la tercera cerealera más importante del país termine con esas deudas” y dijo que “la acción del Presidente es querer intervenirla para salvarla”.

El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, dijo a Télam que “la situación de Vicentin es completamente anormal ya que tomó créditos millonarios del Banco Nación, en un momento donde no había financiamiento en el país”.

Frente a esa realidad, “el Estado tiene el derecho a saber lo que está pasando, no puede ser ajeno; con lo cual, la intervención es razonable para poder investigar la anomalía”, opinó el dirigente industrial.

«Si se cae Vicentin, puede afectar a la economía porque hablamos de una compañía líder en exportaciones, con planta de empleados numerosa y gran cantidad de proveedores”, resaltó Rosato.

La Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) apoyó la iniciativa con el argumento de que “el Grupo Vicentín se fondeaba con recursos ilimitados del Banco Nación, del BICE o del Banco Ciudad, y pretendía hacer un ´pagadiós´ a cientos de productores”.

“Permitir este comportamiento hubiese atentado contra la seguridad jurídica y hubiese dejado a la Argentina absolutamente fuera de los estándares internacionales en lo referido a transparencia y corrupción empresarial”, concluyó en un comunicado.

En sentido opuesto, el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima), José Luis Ammaturo, consideró un “avasallamiento a la justicia comercial” la medida anunciada el lunes y consideró que la intervención “genera una incertidumbre jurídica que inevitablemente afectará a las inversiones privadas en el país”.