El padre de Micaela renunció al cargo que ocupaba en el gobierno de la provincia de Buenos Aires

Era director de Formación y Capacitación en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense

Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela, la joven entrerriana víctima de femicidio, presentó su renuncia al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, donde se desempeñó como director de Formación y Capacitación.

Durante su gestión, abordaron la promoción de la adhesión a la Ley Micaela en los municipios bonaerenses.

En las últimas horas como director, se reunió con el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y juntos reclamaron que la Justicia incorpore la perspectiva de género a su accionar cotidiano.

“En este momento los 135 municipios tienen Ordenanzas para implementar capacitaciones obligatorias en temas de género, que es el espíritu de la Ley Micaela (Al 11/12/2019, eran 76 municipios) y 130 de esos municipios tienen Adhesión a la Ley 15.134 – Ley Micaela Bonaerense (Al 11/12/2019, eran 42 municipios)”, señaló en su publicación de despedida, donde no detalló los motivos de su salida.

“A partir del femicidio de mi hija, ocurrido el 1 de abril de 2017, y tomando el ejemplo de compromiso y militancia que nos dio a toda la sociedad a sus tan sólo 21 años, he comprometido mi vida en esta lucha que es la de construir una sociedad de iguales. Reconociendo el protagonismo de los colectivos de mujeres que nos han marcado un rumbo, se que es esencial el compromiso de vida de todas y cada una de las personas que queremos vivir en una sociedad libre de violencia, no ejercerla, no sufrirla, no perder a nuestras personas amadas”, señaló Néstor desde su cuenta de Facebook.

Y añadió: “La Ley lleva el nombre de la Negra porque su femicidio puso de manifiesto el modo en el que la falta de perspectiva de género en el Estado no protege la vida, la integridad ni la dignidad de las mujeres. Si la Ley 27499 hubiera existido y hubiera sido realmente aplicada, hoy estaría viendo crecer a mi hija, militando en los barrios y siendo la maravillosa referenta política que en tan pocos años supo ser. El caso de Úrsula, y los de tantas otras, nos trajo a la triste realidad y nos recuerda que aún está todo por hacerse, con urgencia, con decisión y sin mezquindades. Porque la violencia, la indiferencia y la impunidad van de la mano”.