27 Jul 2021

El fraude al IOMA alcanzaría a los 1.400 millones de pesos en los últimos cuatro años

IOMA es la mayor obra social de la provincia de Buenos Aires con unos dos millones de afiliados y las irregularidades detectadas incluyen, entre otras, la compra de medicamentos con notorios sobreprecios, la facturación de servicios no prestados en casos de atención domiciliaria y la compra de prótesis y de elementos de ortopedia realizada con solicitudes fraguadas. Fuente: Diario Democracia de Junín

IOMA - Sede Central
IOMA – Sede Central
El gobierno de María Eugenia Vidal presentó ante la Justicia siete denuncias penales por una presunta defraudación al Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA) estimada por los funcionarios en unos 1.400 millones de pesos y que se habría cometido en los cuatro años últimos de la gestión del gobernador Daniel Scioli, durante la presidencia de Antonio La Scaleia en la obra social.

IOMA es la mayor obra social de la provincia de Buenos Aires con unos dos millones de afiliados y las irregularidades detectadas incluyen, entre otras, la compra de medicamentos con notorios sobreprecios, la facturación de servicios no prestados en casos de atención domiciliaria y la compra de prótesis y de elementos de ortopedia realizada con solicitudes fraguadas.

Otra de las presentaciones judiciales pide investigar las irregularidades detectadas por la compra de 103 computadoras que aparecían incorporadas al patrimonio provincial, pero que nunca habían sido entregadas por el proveedor ni habían sido recibidas en IOMA.

Para Cassinotti las irregularidades denunciadas de las que, a su entender, no podía estar ausente el directorio, trepan a 360 millones de pesos por año, durante los cuatro últimos de la gestión Scioli.
La operatoria, en algunos casos resultó ser tan burda que una simple auditoría, por ejemplo, permitió determinar que en la ciudad de Mar del Plata, una acompañante terapéutica tenía una carga horaria de 26 horas y media por día trabajando para atender sólo pacientes de IOMA. En otro caso se estableció que una de las empresas que brindaba el servicio de atención domiciliaria seguía facturando y cobrando la atención de al menos un paciente que ya había fallecido.

IOMA, según las cifras oficiales mencionadas por su presidente, atiende y paga unas 3.000 prestaciones de internaciones domiciliarias. El titular del instituto estima que el 20% de esas atenciones no se realizan, o al menos el beneficiario no recibe la totalidad de los tratamientos por los que paga la obra social.

En Junín y Chacabuco se realizaron días pasados una decena de allanamientos por las irregularidades detectadas con las internaciones domiciliarias. Entre los investigados por la Justicia aparece un ex director regional del IOMA y el delegado regional. En uno de los casos se llegó, incluso, a allanar un consultorio particular de donde se secuestró documentación.

Una de las maniobras que se investigan es si, como se sospecha, las empresas prestatarias ofrecían pagos en efectivo a pacientes con necesidades económicas a cambio de que dieran conformidad a módulos de prestaciones por las que las empresas cobraran suculentos dividendos. “A la familia de un enfermo se le ofrecían ocho mil pesos en efectivo, a cambio de su firma para que la empresa de salud cobrara un módulo de atención por 30 mil pesos”, graficó una fuente que investiga el caso.

Sergio Cassinotti, actual presidente del IOMA, cree que la magnitud del desfalco cometido a lo largo de los años contra la obra social se llevó a cabo porque hubo algún tipo de cobertura política. “Sin un paraguas político no se puede llegar a la situación que ahora estamos poniendo al descubierto”, dijo el funcionario.

Cassinotti asegura que IOMA pagaba siempre a las mismas droguerías sobreprecios en la compra de medicamentos de alto costo, en operaciones que se hacían por “vía de excepción”. “No tiene explicación lógica”, dice Cassinotti. “Hoy nosotros estamos comprando los mismo medicamentos un 35 % ó 25 % más barato de lo que se hacía anteriormente”.

Todos los trámites de excepción deben ser refrendados por el directorio del IOMA, se explicó. Las anteriores autoridades no podrían, por lo tanto, aducir que no estaban al tanto de lo que ocurría. Los dos integrantes gremiales del directorio de IOMA (UPCN y Suteba) continúan en sus cargos.

El actual presidente de IOMA sospecha que durante la gestión anterior hubo una suerte de “club de droguerías” -cuatro o cinco- que invariablemente se veían beneficiadas con las ventas de medicamentos autorizados como trámites de excepción.

En una de las denuncias presentadas ante la Justicia, la obra social menciona el caso de un medicamento llamado “Sovaldi, 400 mg, por 28 comprimidos que la droguería Diaxon cotizó –y vendió- en 130.000 pesos, cuando el valor de referencia del Anmat era de $ 107.000.

Las denuncias por las irregularidades en la gestión de la obra social bonaerense no son nuevas. El titular de la Fiscalía de Investigaciones Complejas, Jorge Paolini, trabaja sobre otras 14 denuncias penales abiertas a partir de denuncias de particulares y sobre las que no hubo mayores avances en los últimos años. Las siete presentadas por la actual administración del IOMA se sumarán a las anteriores que datan en algunos casos, de 2012. Paolini, además, no descartaría solicitar que la investigación en curso en Junín sea sumada a la causa madre que se tramita en su fiscalía.