22 Oct 2020

Convenio entre el ministerio de Infraestructura y la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires

Establece la cooperación técnica y asistencia recíproca entre ambas áreas y determina, entre otras cosas, la atención de conflictos habitacionales en que se encuentre amenazado el derecho a la vivienda

Arlía y BonicatoEl Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía, encabezó la firma de un convenio marco entre la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda y la Defensoría del Pueblo que establece la cooperación técnica y asistencia recíproca entre ambas áreas y determina, entre otras cosas, la atención de conflictos habitacionales en que se encuentre amenazado el derecho a la vivienda.

Junto al Subsecretario Social de Tierras Urbanismo y Vivienda, Fabián Stachiotti, al Defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto y al Administrador del Instituto de la Vivienda, Pablo Sarlo, Arlía consideró a este convenio como una herramienta propicia para la intervención y ejecución de acciones, incluso en situaciones de emergencia como las que se viven actualmente.

En ese sentido Arlía expresó: «me siento muy satisfecho por el trabajo conjunto con el Defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto, y consideró muy valioso el intercambio de visiones y acciones que permitan a la gente canalizar la atención de sus reclamos en estos momentos tan difíciles».

Por su parte, el Defensor del pueblo aseguró que “la verdadera protección de derechos es cuando se cubren las necesidades reales de gente” y manifestó que “la articulación entre el Ministerio y la Defensoría es fundamental para trabajar en la problemática habitacional de la Provincia”.

«El derecho a un proyecto de vida y a una planificación es un derecho humano y esto contempla la tierra, la vivienda, el transporte, la salud y el medio ambiente; todos los avances en la materia tendrán que tener en cuenta la participación ciudadana», manifestó Bonicatto.

El presente convenio surge de la necesidad de fortalecer el trabajo en conjunto entre distintas áreas del Estado y organizaciones no gubernamentales que tienen competencias en problemáticas similares como son la defensa y promoción del acceso a la vivienda y el seguimiento y monitoreo de la planificación territorial.